El combate al lavado de dinero es una prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que el Gobierno federal presentó el pasado 1 de febrero. Aunque el documento indica que ampliarán las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto aprobado para su funcionamiento es el más bajo desde 2013.

La UIF recibirá 176.5 millones de pesos este 2019, lo que significa una disminución de 34.8 millones comparado con el año pasado.

El titular de la Unidad, Santiago Nieto, precisó que buscarán ser más eficientes mediante la optimización de los recursos y una reestructura administrativa. Remarcó que, a diferencia de otros años, el gasto en  la operación es mayor comparado con los servicios personales o la nómina.

De acuerdo con la Estrategia, que se encuentra en análisis para su aprobación en el Senado, la meta es debilitar las finanzas del crimen organizado. Para ello, crearán una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero y fortalecerán los mecanismos para detectar y sancionar conforme a Derecho las diversas modalidades de evasión fiscal. “Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus capacidades operativas. Concentraremos nuestros esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico”, se remarca en la propuesta.

La Unidad se ha concentrado en detectar la evasión fiscal, “pero no ha dado un solo golpe capaz de debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, ni ha logrado reducir el lavado de dinero cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de dólares”, se especifica en el dictamen.

Sin embargo, también redujeron 9.8 millones de pesos el monto para la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), que este año ejercerá alrededor de 25 millones de pesos; solamente 415 mil pesos para la operación y el resto destinado a los servicios personales o la nómina.

Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que, aunque se pueden aprovechar al máximo los recursos, la disminución del presupuesto es una baja significativa. “Aparentemente, el nuevo Gobierno tiene la voluntad de cambiar las cosas, pero si se reducen los recursos en una austeridad mal entendida en ese sentido, se está vulnerando esa posibilidad”.

Marco regulatorio

• La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2012. Su principal objetivo es proteger al sistema financiero de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
• De acuerdo con la ley, existen diversas actividades consideradas vulnerables: desarrollos inmobiliarios, juegos y sorteos, emisión o comercialización de tarjetas de servicios o de crédito que no sean emitidas o comercializadas por entidades financieras, emisión o comercialización de tarjetas de prepago, vales o cupones impresos o electrónicos, entre otros.
• Cuando las operaciones de los clientes o usuarios sean mayores a las establecidas, deben presentar avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Responsabilidades

1. Algunas de las encomiendas de la Unidad de Inteligencia Financiera en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública:
2. La dependencia es la encargada de la elaboración y diseminación de tipologías en donde se muestren los métodos que utilizan las redes de la delincuencia organizada para ingresar al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, así como sus delitos predicados.
3. Integra, evalúa y vincula los datos para prevenir y combatir el delito de utilización de recursos de procedencia ilícita.
4. También tiene la especialización de las técnicas de investigación para la identificación pronta y expedita de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
5. Debe generar los productos de inteligencia para el combate y la afectación a la economía de la delincuencia, principalmente organizada, a través de los reportes de inteligencia que se generan con la plantilla laboral y la tecnología.
6. Cuenta con bases de información y de datos estructurados que permiten respuestas eficaces en el combate al lavado de dinero.
7. Se encarga de la homologación de los criterios y las plataformas de las tecnologías de la información y las comunicación para integrar y diseminar los productos de inteligencia patrimonial, fiscal y económica.
8. Agrega un componente económico y patrimonial a las tareas actuales de investigación, bajo un enfoque de creación de inteligencia patrimonial económica.
9. Identifica las tendencias delictivas con base en los activos de los delincuentes y los sujetos relacionados con los mismos.
10. Potencia la coordinación institucional en materia de estadística y combate a la delincuencia, relacionada con la investigación, procesos y condenas por la utilización de recursos de procedencia ilícita, ello para la debida toma de decisiones.
11. Genera datos estadísticos y mapas patrimoniales que identifiquen factores de riesgo, así como patrones inusuales en materia fiscal.
12. Debe congelar o bloquear todas las cuentas vinculadas con los delitos en donde se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva, así como sus delitos predicados.

 

Superar denuncias ante Fiscalía, el reto

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública indica 21 encomiendas para la Unidad de Inteligencia Financiera. Entre las acciones principales, destacan el “incrementar el número de denuncias que presenta la UIF ante la Fiscalía General de la República sobre los hechos que tenga conocimiento relacionados con la utilización de recursos de procedencia ilícita”.

En ese sentido, el reto es superar las 517 denuncias que presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), de septiembre de 2012 a julio de 2018. Según datos del  último informe de Hacienda, dos mil 696 sujetos podrían estar involucrados en la probable comisión de delitos.

Además, cada año aumentaron los reportes de actividades “inusuales”. Entre 2012 y 2018 sumaron más de 403 mil. “Debe señalarse que estos reportes por sí mismos no implican que exista una operación de financiamiento al terrorismo, pero permiten monitorear transacciones para la detección de un ilícito de este tipo, ello en buena medida explica el incremento en el número de operaciones inusuales recibidas”, explicó la UIF.

La Unidad de Inteligencia Financiera fue creada en 2004, con el objetivo de coadyuvar en la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según el Artículo 15 del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, la UIF recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analiza las operaciones financieras y económicas; disemina reportes de inteligencia  y presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

En un sexenio, sólo 80 sentencias por blanqueo

Como parte de los resultados del combate contra el lavado de dinero, durante el pasado sexenio se emitieron apenas 80 sentencias condenatorias por blanqueo de recursos por medio de la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Policía Federal (PF), según los Informes de Gobierno de Enrique Peña Nieto, con corte al 30 de junio de 2018.

En ese mismo periodo también desarticularon 31 células delictivas.

Del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018 pusieron a disposición de la autoridad a 96 personas, pero la mayoría sigue con los procesos penales.

Por su parte, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la Procuraduría General de la República solamente obtuvo tres sentencias condenatorias por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según los informes anuales de 2013 a junio de 2018.

“Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio durante 2016, la UEAF inició 19 carpetas de investigación por hechos relacionados con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financieros, defraudación fiscal y delincuencia organizada, pero en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, se han iniciado 46 carpetas de investigación”.

Sobre las acciones en bienes indicaron que, del 1 septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017, la UEAF realizó el aseguramiento por la cantidad aproximada de 524 millones 355 mil 779 pesos. Además, “del 1 septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, se aseguraron bienes y en moneda nacional por la cantidad aproximada de 887 millones 287 mil 54 pesos, acciones llevadas a cabo con motivo de su facultad de investigación”.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los resultados de las conductas delictivas se evaluarán a través de la capacidad de la respuesta institucional. Además, tomarán en cuenta las investigaciones iniciadas, las personas detenidas y procesadas, las órdenes de aprehensión obtenidas, las órdenes de aprehensión cumplidas, los bienes asegurados y el monto de los mismos, las cuentas y empresas aseguradas, así como las sentencias condenatorias obtenidas.

TELÓN DE FONDO

El robo de combustibles está en la mira

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de enero de 2019, han detenido en flagrancia a 558 sujetos pertenecientes a varias bandas de robo de gasolinas, de los cuales 124 están vinculados a proceso (en 48 casos han dictado sentencia).

Detalló que 33 sujetos han sido denunciados ante las autoridades judiciales y sus cuentas han sido bloqueadas. Precisó que existen otros 188 sujetos relacionados con estos delitos.

Indicó que los montos de los depósitos en cuentas bancarias ascienden a más cinco mil millones de pesos.

Destacó que, junto con Petróleos Mexicanos (Pemex), detectaron a 11 sujetos que vendían gasolina que no adquirieron con Pemex.

Por otra parte, apuntó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectaron que 40 mil millones de pesos habían sido reportados como una posible actividad de lavado de dinero. De éstos, 10 mil millones de pesos estaban relacionados directamente con temas vinculados con el robo de hidrocarburos que introducían al sistema financiero. Agregó que se han encontrado que gasolineras reciben depósitos en efectivo en lugares donde no tienen estaciones de servicio. Algunos datos hablan que el robo de hidrocarburos ascendía a 80 mil millones de pesos anuales, mientras que las pérdidas en Pemex durante la pasada administración pasaron de 60 mil millones a 330 mil millones de pesos anuales.

Mencionó que desde el inicio de la estrategia del combate al robo de hidrocarburos impulsada por el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han congelado 800 millones de pesos de cuentas de personas presuntamente relacionadas con este delito.

Santiago Nieto comparó esta cantidad a la que fue asegurada por la entonces Procuraduría General de la República durante todo 2018, en todos los temas relacionados con lavado de dinero.

Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que han sido detenidas 133 personas relacionadas con el mercado ilícito de combustible, del 27 de diciembre del 2018 al 23 de enero de 2019. Además, han presentado 41 denuncias por el delito de comercialización ilícita de hidrocarburos, en las que están involucradas 63 estaciones de servicio.

El pasado 5 de febrero, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que crearán la Unidad de Inteligencia Financiera local para investigar el “lavado de dinero” y el desvío de los recursos públicos, con una inversión de 10 millones de pesos.

 

Suman 320 empresas en la lista negra

El pasado 11 de agosto de 2017, este medio publicó que, de las 309 empresas mexicanas que formaban parte de la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), 156 (50.4%) estaban instaladas en Jalisco. En la actualización hasta el 28 de enero de 2019 aparecen en el listado 157 empresas jaliscienses, de un total de 320 compañías nacionales.

Sin embargo, suman 705 señalamientos contra empresas, asociaciones o personas originarias de México, de las cuales 254 tienen domicilio en el Estado.

La oficina, que pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, publica una lista de compañías o individuos que supuestamente tienen vínculos con el crimen organizado.

Destaca que el Departamento del Tesoro ya sancionó por operaciones de narcotráfico y lavado de dinero a las organizaciones de los Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Cártel Nueva Generación, Beltrán Leyva, Los Cuinis, Los Zetas, La Familia Michoacana, Cártel de Sinaloa, Cártel Laredo y Los Caballeros Templarios, entre otros.

Por ejemplo, en 2015, el Gobierno de Estados Unidos confirmó una lista de 25 empresas ligadas al Cártel del Pacífico, que eran utilizadas por Joaquín “Chapo” Guzmán para el lavado de dinero producto de la venta de cocaína y drogas sintéticas. Se incluyó a la Industria de Ganaderos de Culiacán, que en su momento tenía tres concesiones de la Conagua y una estancia infantil.

Como parte de las investigaciones, en 2014 se dio a conocer que el “Chapo” estaba vinculado con 288 empresas en diferentes partes del mundo. Hoy está preso en Estados Unidos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Recomiendan más estructura y tecnología

Rodrigo Lazo (profesor de Derecho en la Universidad Panamericana)

Rodrigo Lazo calificó como “un desatino” la reducción del presupuesto para la Unidad de Inteligencia Financiera, ya que es una instancia clave dentro de la lucha para desintegrar las estructuras de la delincuencia organizada.

“La Unidad de Hacienda no ha funcionado mal, pero hace falta más estructura y tecnología. En temas de intercomunicación entre dependencias o redes de información, en ese sentido es una mala noticia bajar los presupuestos”.

Mencionó que, aunque los resultados no se notan en las sanciones, sí hay un avance en materia de prevención, ya que se reforzó la vigilancia en acciones en las que se suele lavar el dinero, como la compraventa de inmuebles, joyerías o vehículos.

“Todo mejorará en la medida en que nuestras autoridades federales puedan tener visibilidad de las operaciones y acceso concreto”.

Detalló que es importante reforzar la comunicación entre las autoridades financieras bancarias con distintos países, por ejemplo en Islas Caimán o Suiza.

Y coincidió en que sería un buen candado restringir el uso de efectivo entre los dueños de gasolineras, además de cumplir con las restricciones que ya se impusieron en otros rubros. Recordó que se debe señalar cuando se advierte de alguna operación inusual en alguna empresa, como parte de la responsabilidad social de los ciudadanos.

“Deben investigar a las cabezas”

Carlos Flores (investigador del CIESAS).

Carlos Flores  acentúa que lo más importante en el combate al lavado de dinero es investigar a quienes encabezan las redes de lavado de dinero.

“Se ha detenido gente, pero el perfil de los detenidos es de carácter operativo, no se llega a las cabezas. Lo fundamental es la calidad del tipo de detenido, no tiene el mismo efecto cuando se captura al eslabón más débil de la cadena. Se trata de ir en sentido ascendente para que esos negocios se puedan desmantelar”.

Detalló que, por ejemplo, la estrategia que se emprendió contra el robo de combustible debe estar acompañada de investigaciones profundas para identificar quiénes son los que se benefician con los recursos y no solamente las personas que realizan el ilícito.

“Lo que no se analiza es la cadena de distribución para ver los compradores finales. Por ejemplo, la turbosina es un combustible para el funcionamiento de aviones. ¿Quién puede comprar ese tipo de combustible? Solamente los usuarios de cierto perfil”.

Afirmó que es urgente transparentar quién está detrás de la parte patrimonial para conocer a los dueños reales de las empresas o los negocios, no solamente a los prestanombres. Recomendó que se destinen más esfuerzos en capacitación fiscal, expertos contables y más medidas tecnológicas.

“En última instancia se requiere voluntad política. Cuando esto funciona, los que caen son funcionarios de alto nivel, empresarios de alto nivel…”.

Faltan sanciones más severas

Daniel de Loera Robles (investigador de Finanzas de la UdeG)

Daniel de Loera sugirió que deben aumentar las penas por el blanqueo de dinero, ya que en otros países hay sentencias de cadena perpetua, algo que no ocurre en México.

Mencionó que es frecuente que los procedimientos se invaliden, ya que muchas veces las denuncias son presentadas con errores. “Quienes sean abogados tienen que ser cuidadosos, que todo esté bien instrumentado, que al interior de la unidad exista secrecía, discrecionalidad, porque luego pasa que alguien denuncia y le avisan al implicado”.

Al igual que los policías, recomendó que las personas que se dedican a investigar el lavado de dinero tengan sueldos altos. “Cuando no ocurre así los maleantes se dan cuenta y buscan compensarlos. La tentación es grande, permanente. Se debe tener un cuidado en ese sentido”.

Subrayó que el avance principal es que ya se puede acceder  a cuentas bancarias de personas sospechas. “Aunque no solamente en bancos se blanquea dinero, sino en otros sitios, como las casas de cambio”.

 

El Informador