Especialistas criticaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su injerencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuando Arturo Zaldívar, actualmente ministro en retiro, la encabezaba. Ayer, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que en el periodo de Zaldívar al frente del Máximo Tribunal, hablaba con él para que, “respetuoso de las autonomías”, conversara con los jueces para tratar de incidir en las decisiones que resultaran beneficiosas para el Gobierno federal. “¿O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Emilio Lozoya (que salió antier de prisión)? ¿Si hubiera estado Zaldívar se habría podido hacer algo para continuar?”, se le preguntó. “Sí, y en muchos otros casos. Si hubiese estado Zaldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Zaldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta”, agregó. Ante esto, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C., emitió un comunicado en el que afirmó que las acciones descritas por el Mandatario implican una intervención directa en los procesos judiciales y constituyen una “clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”. “Reprobamos el conflicto de intereses, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces ministro como presidente de la SCJN, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, indicó en el documento. José Pérez, quien es presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Jalisco, señaló que debería haber un procedimiento en contra de Zaldívar en caso de que se compruebe que participó en la modificación de alguna resolución judicial favorable al Gobierno federal. Para Javier Hurtado, politólogo y extitular del Colegio de Jalisco, López Obrador “no tiene por qué intervenir ahí, es una situación que pudiera constituir algún tipo de delito, estaría denotando una conducta ilegal”. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (BMA) reprobó, por medio de un comunicado, publicado en su cuenta de X, las injerencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación, a través del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.De acuerdo con el escrito, las acciones descritas por el Presidente de la República en su conferencia Mañanera implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una “clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”, los cuales, acota, son “fundamentales para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho.”“Reprobamos el conflicto de intereses entre el Ministro Arturo Zaldívar y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, especialmente durante la gestión del entonces Ministro como Presidente de la SCJN, subraya la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal y representa un ataque deliberado a la independencia judicial”, agregó la Barra.“También reprobamos los ataques en contra de la Ministra Presidenta Norma Piña, motivados por defender la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Dichos ataques distorsionan el debate público y menoscaban el prestigio de nuestras instituciones”, concluyó la BMA, haciendo un llamado al Presidente de la República para que respete la independencia del Poder Judicial de la Federación y el fortalecimiento de las instituciones que garantizan la justicia y el Estado de Constitucional de Derecho en nuestro país. Instamos a todas las autoridades a actuar con la dignidad del cargo que les fue conferido y se apeguen a los principios constitucionales que sus cargos demandan.SUNLA VOZ DEL EXPERTOJavier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco.Luego de las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las que reveló que el ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de la Nación, Arturo Zaldívar, hablaba, “respetuoso de las autonomías”, con los jueces sobre los casos de los delincuentes, expertos ya se pronunciaron por las posibles injerencias al Poder Judicial de la Federación. Entre ellos, está la Barra Mexicana Colegio de Abogados quienes acusaron una “clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”. Para Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, el presidente manifestó desconocimiento de temas de derecho debido a que los jueces cumplían con su trabajo y no se trata que reciban indicaciones o sugerencias por parte del presidente del Poder Judicial en turno.“El Presidente ignora muchas cosas del derecho. No es tanto que Zaldívar les haya dado órdenes a los jueces en un sentido u otro, sino que simple y sencillamente estaba aplicando el asunto de que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y Arturo Zaldívar siempre lo ha dicho públicamente que él está en contra de la prisión preventiva oficiosa”. El académico recordó que los jueces aplican sentencias y resoluciones con base en lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva oficiosa.“El Presidente malinterpretó o quiso atender que el hecho de que los jueces se ciñeran al criterio que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la prisión preventiva oficiosa significaba darles línea a los jueces”.Marco Antonio Cuevas, abogado y profesor universitarioMarco Antonio Cuevas, abogado y profesor universitario, acusó que el Presidente tomó atribuciones directas en el Poder Judicial para influir en decisiones que corresponden a jueces. “Con esta injerencia clara y grave del Presidente, queda claro que se está tomando atribuciones para intervenir flagrantemente en la esfera del Poder Judicial y esta conducta fue tolerada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zaldívar entonces, es una grave violación al pacto constitucional”. El académico explicó que el tratar de influir en las decisiones del Poder Judicial se considera tráfico de influencias, delito que debería de ser investigado por la autoridad correspondiente. “Este delito se llama tráfico de influencias y está contemplado en el artículo 121 del Código Penal Federal, que dice que comete el tráfico de influencias el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva, gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo”. Para Marco Antonio Cuevas, el exministro también incurrió en el delito de tráfico de influencias, señalado en el artículo 121 del Código Penal Federal, ya que gestionó intervenciones en jueces en favor del Presidente de la República. Agregó que el Presidente sí puede ser sujeto de juicio, justificándose porque, según el artículo 108 de la Constitución, al mandatario federal se le puede juzgar por hechos de corrupción y el tráfico de influencias, está considerado como un tipo de corrupción en el artículo 221 del Código Penal Federal.José Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de JaliscoJosé Pérez, presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Jalisco, señaló que debería haber al menos un procedimiento en contra de quienes se vieran involucrados en alguna resolución “sugerida” desde la presidencia de la SCJN, encabezada anteriormente por Arturo Zaldívar, así como por parte del juez que emitiera una decisión respecto a algún tema. “Sí debe de haber consecuencias, debe de haber alguna sanción o alguna medida disciplinaria porque el Presidente no debe de actuar de esa forma en público, alguna corrección disciplinaria”.“En un momento dado que hasta se pueda abrir un procedimiento con base en las manifestaciones vertidas para verificar si hubo una influencia o influyó en alguna recomendación, y si influyó, pues tanto quien resolvió como quien influyó, se pueda abrir este procedimiento y tenga consecuencias jurídicas”, dijo el especialista. Insistió en que el Poder Ejecutivo no debería invadir temas de otros poderes de la Unión pues así está establecido en la Constitución; en caso de algún procedimiento abierto por una posible influencia, recordó que la ministra presidenta debe iniciarlo. José Pérez consideró que hay un tema político de fondo que debe ser solucionado tanto por las decisiones del Poder Judicial respecto a algunas resoluciones polémicas como por la labor de la Fiscalía General de la República para sustentar las investigaciones y evitar derrotas en los tribunales, como fue el ejemplo del juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.Andrés Manuel López Obrador acusó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, de dar “licencia para robar” a los jueces por instarlos a defender su autonomía.Sus acusaciones se producen después de que un juez dejó en libertad procesal al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, principal implicado en México en la trama de corrupción de la brasileña Odebrecht, para que siga su proceso en prisión domiciliaria tras más de dos años en prisión.Lozoya, quien dirigió la petrolera del Estado de 2012 a 2016, era el principal exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) en la cárcel, lo que se enmarca dentro de la retórica anticorrupción de López Obrador.El Presidente denunció que los jueces “siempre han estado al servicio de una élite”, pero que el caso refleja que “ahora de forma abierta y descarada” están “en contra” de su Gobierno.EFEEl coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, criticó las declaraciones del Presidente de la República donde reconoció públicamente que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2019-2022), le llamó en diversas ocasiones para que conversara con los jueces sobre diversos fallos.“Él fue el primero en quejarse de cómo eso era un pecado en otras administraciones. ¿Cuál es diferente? ¿Cómo ellos son diferentes? Porque ellos tienen la autoridad moral para poder decir esto, entonces, por ahí se dice, para que la gente me entienda que más temprano cae un hablador que alguien que cojea”, denunció.En conferencia de prensa, dijo que las declaraciones del primer mandatario son como “escupir para arriba”.“Es darle 180° a su discurso, nada más que ahora en contra. O, perdón, todavía más coloquial, es algo así como escupir para arriba. Siempre hay un tweet, dio muchas declaraciones de cómo el Poder Judicial estaba literalmente cooptado por las intervenciones, según él, del entonces Poder Ejecutivo. Y ahora, miren cómo declara él. Les digo, o sea, es que la vida de verdad es circular. Ahora sí que la vida es una tómbola y más para los de Morena”, puntualizó.Romero Herrera calificó lo anterior como una “hipercontradicción” y una “hiperdesgracia”, y consideró que por eso es que no permitirán que pase la reforma al poder judicial que el Primer Mandatario propuso recientemente.SUNLa Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, inauguró los “Foros Diálogo Nacional. Súmate al debate de las reformas por la libertad, el bienestar, la justicia y la democracia” para debatir las 18 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador y alrededor de 20 iniciativas que presentarán los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD.Sin embargo, durante el evento, el coordinador del PRD, Francisco Huacus, advirtió que no se prestarán a una simulación, al realizar los foros, para que al final no se les modifique “ni una coma” a las reformas del Ejecutivo; y la bancada de Movimiento Ciudadano anunció que no participará por considerar que se trata de un “show” electorero.SUNLa Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) impulsan la iniciativa de reforma al Poder Judicial para hacer posible la consolidación de “una verdadera democracia constitucional”.Al participar en el seminario “El papel de los tribunales y la reforma judicial en la consolidación de la democracia constitucional en América Latina”, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional, Francisco Estrada, aseguró que “México respira el clima de la democracia. Un proceso que no podríamos considerar acabado sin el rescate de nuestras instituciones para la democracia, entendida en su concepto más llano como el Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.“Pueblo, digo, que no es lo mismo que el concepto vago de sociedad civil, invento del neoliberalismo, ni más ni menos, para dividir al pueblo y privatizar la lucha social”.En representación de la directora general del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Raymundo Espinoza Hernández, enfatizó que “ el momento por el que atraviesa la democracia en América Latina es crucial, pues se encuentra marcado por una nueva ola de gobiernos progresistas y desafíos significativos para la administración de justicia… y en diferentes países de la región se han emprendido esfuerzos para revertir el rezago histórico en materia de justicia social”.
