En la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se elabora para seguir el rastro de los contribuyentes que se dedican a la compra-venta de facturas para evadir impuestos o lavar dinero hay 944 personas físicas y morales de Jalisco.

En el ámbito nacional, nueve mil 407 contribuyentes están señalados de realizar operaciones inexistentes, confirma el SAT vía Transparencia.

El Sistema puso la lupa en Jalisco. Lo anterior, tras un operativo realizado en junio del año pasado, en el que se tomó una muestra de 150 empresas de reciente creación que operan a nivel nacional, las cuales presentan discrepancias “muy grandes” entre lo facturado y lo declarado. De éstas, 48 operaban en la Ciudad de México, 32 en Jalisco y 19 en Nuevo León, siendo los tres Estados con más factureras.

Se detectó que esas 150 empresas facturaron 282 mil millones de pesos en los últimos dos años, por lo que la posible evasión asciende a 62 mil millones de pesos.

Sólo seis de cada 100 empresas en la lista negra libran al SAT

En 2017, una empresa que se dedicaba al comercio de materias primas para otras industrias, ubicada en Zapopan, fue incluida en el listado de contribuyentes que simularon operaciones o emitieron facturas apócrifas en el país. En julio pasado salió de la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT), tras acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ésta forma parte de los 472 contribuyentes que durante los últimos siete años fueron señalados como empresas “fantasma” por el fisco, pero que finalmente recibieron una sentencia favorable entre 2018 y 2020.

De acuerdo con una revisión realizada sobre estos casos, los cuales ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), al menos 20 corresponden a personas físicas y morales con operaciones en Jalisco.

Sin embargo, a los 472 casos que fueron borrados tras proceder por la vía legal se suman otros 272 que lograron “desvirtuar” los hechos del SAT; es decir, presentaron las pruebas que amparaban las operaciones señaladas inicialmente por el organismo, contrario a lo que sucede con los que iniciaron procesos jurídicos, pues estos últimos pueden argumentar varias fallas.

En conjunto, las 744 empresas representan apenas 6.6% de los 11 mil 110 contribuyentes que conforman el listado completo en investigación a nivel nacional (entre presuntos y definitivos).

El titular del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Rodolfo Servín Gómez, reconoce que es “complicado” demostrar que no se cometieron operaciones simuladas.

“Te enfrentas a una problemática para poder demostrarlo, es un proceso que se torna complicado para las empresas. Te vas hasta una última instancia: el juicio de nulidad o el amparo para poder demostrarlo… y sí hay casos en Jalisco”.

Puntualiza que los procesos pueden tardar cuando menos un año y medio. “Algunos tardan hasta cuatro años. Es un proceso larguísimo y muy complicado. Si a eso le sumas que en ese proceso puede ser que la autoridad te cancele tus sellos… eso no te permite operar como empresa”.

Recomiendan los controles internos

Las empresas deben trabajar en estrategias que les permitan blindar los procesos internos y la detección de proveedores que se dediquen a defraudar al fisco, recomienda el titular del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Rodolfo Servín Gómez.

Lo anterior es para evitar que sean señalados o incluidos en la lista negra del SAT, ante las nuevas medidas que entraron en vigor en enero de este año para combatir estas prácticas de una manera más agresiva.

“Siempre hemos recomendado a nuestros asociados que busquen la manera de que sus clientes cumplan con sus obligaciones fiscales, que se acerquen con un contador público certificado y que eviten este tipo de prácticas”.

Por ello envía un mensaje a todos los empresarios para que establezcan los esquemas de control  interno y que tengan pruebas documentales de todos sus movimientos. De esta forma, si son señalados por el fisco podrán demostrar que los servicios brindados no fueron simulados.

“Las autoridades federales han manifestado que los empresarios deben estar tranquilos porque van a explicar cuando se  trate de una conducta de mala fe... sin embargo, hay una serie de procesos que tendrá que agotarse primero”.

Acentúa que el problema será si una persona o empresa contrata a un proveedor que esté omitiendo impuestos, porque cuando éste sea señalado como una compañía que facturó operaciones simuladas, “por la culpa de un tercero vas a caer en este supuesto. Es por eso que, al ser tan severas esas sanciones, puede poner en cierto riesgo a los empresarios. Lo malo es que, al ser prisión preventiva oficiosa, te vas a defender en la cárcel, desde adentro. Es ahí donde sí se extralimitaron”.

Las sanciones que entraron en vigor permitirán que los actos simulados tengan una sanción penal importante. “Además de que la recaudación tendrá que incrementar, entonces la percepción del riesgo cambiará. Se logrará un efecto positivo en el que cada vez menos contribuyentes realicen este tipo de prácticas. Con eso todos ganamos”.

Prácticas indebidas en la emisión de facturas

• Exigir cualquier dato distinto al RFC.
• Obligar a proporcionar un correo electrónico (esto es opcional).
• Incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura.
• Obligar al receptor a generar la factura en un portal.
• Negar la factura argumentando que no se solicitó en el momento de la transacción.
• Registrar una forma de pago distinta a la recibida o registrarla sin que esté pagada.
• Solicitar obligatoriamente que se indique el uso que se le dará a la factura.
• Negar la emisión de la factura cuando se pague en efectivo.
• No emitir la factura cuando se reciben pagos por anticipos.
• No emitir factura.

Saldo

• Entre enero de 2014 y junio de 2019 se identificaron ocho mil 204 empresas que facturan operaciones simuladas en el país, las cuales han generado 8.8 millones de facturas falsas por 1.6 billones de pesos, de acuerdo con el Gobierno federal.
• Lo anterior supone una evasión de 354 mil 512 millones de pesos.

GUÍA

Normativa vigente

• Cuando la autoridad fiscal detecte un contribuyente que emite comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.
• Tras ser notificados por la autoridad fiscal, los contribuyentes podrán solicitar a  través del buzón tributario, por única ocasión, una prórroga de cinco días al plazo previsto para aportar la documentación e información respectiva.
• Transcurrido el plazo para aportar la documentación y, en su caso, la prórroga, la autoridad (en un plazo que no excederá de 50 días) valorará las pruebas y defensas y notificará su resolución a los contribuyentes.
• Se publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentren definitivamente en esta situación.
• Si la autoridad no notifica la resolución correspondiente, dentro del plazo de 50 días, quedará sin efectos la presunción respecto de los comprobantes fiscales observados que dieron origen al procedimiento.

LA VOZ DEL EXPERTO

Hay muchas lagunas en la ley

Antonio Ruiz Porras (coordinador del Doctorado en Estudios Económicos del CUCEA)

La reforma que equipara la compra-venta de facturas falsas con delincuencia organizada tiene muchas lagunas, señala el académico Antonio Ruiz Porras.

“Algo que ocurre con cierta frecuencia es que las empresas grandes emiten volúmenes de facturas muy grandes y ocasionalmente hay errores”. Sin embargo, en la lógica de la ley, como está planteada, “se trata igual a la persona que emite una factura por un error, a la que deliberadamente trata de estafar al fisco”.

Pese a que las  autoridades del SAT han señalado que no habrá terrorismo fiscal, argumentó que la ley no es clara.

“Varios empresarios han estado diciendo que el verdadero problema es que no queda claro y no existe hasta este momento un detalle: bajo qué condiciones se va a considerar lo que es un error, lo que es una estafa al fisco o lo que es simple y llanamente una situación temporal”.

Esta falta de claridad podría provocar que se frene la actividad económica, “porque uno sabe que ante la posibilidad de cometer un error habrá gente que se inhiba para hacer transacciones comerciales, lo cual eventualmente puede repercutir sobre lo que es la generación de riqueza, el empleo y la inversión”.

Un segundo problema es que se podría generar mayor desconfianza, lo que a su vez puede inhibir las transacciones. Y un tercero es que aquellas personas que realmente quieran defraudar al fisco buscarán nuevas maneras de hacerlo.

Acentuó que falta una estrategia de comunicación por parte de la Secretaría de Hacienda, con respecto a los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

CLAVES

Alertas por lavado

Factureras. En junio de 2019, el Servicio de Administración Tributaria identificó 150 posibles empresas factureras a través de su Modelo de Riesgos. Éste incluye el seguimiento de empresas de nueva creación que tengan un incremento exponencial en la facturación e incongruencias entre lo facturado y lo declarado.

Bloqueo. De acuerdo con la última actualización realizada por el SAT, de las 150 empresas identificadas se bloqueó el Certificado de Sello Digital de 144 y en las seis restantes se comprobó la materialidad de sus operaciones. Se constató que se encontraban en el domicilio fiscal, realizaban la actividad económica que tenían registrada ante el RFC y contaban con la infraestructura y el personal para acreditar los montos facturados.

Investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera analizó la información de los 144 casos a los que el Servicio dio seguimiento. Tras la revisión generó alertas por lavado de dinero en todos los casos.

Muestras. En una primera etapa, la Unidad seleccionó una muestra de 10 empresas, de las cuales se identificaron 135 personas relacionadas (físicas y morales), a las que les fueron aseguradas sus cuentas bancarias.

Seguimiento. El SAT revisó los 145 casos remitidos por la UIF. Éstos representan 50 mil millones de pesos facturados.

Denuncias. Se están integrando 14 investigaciones penales por lavado de dinero, que abarcan a 145 sujetos. El SAT también elabora 130 denuncias por delitos fiscales.

Aumento. Entre 2015 y 2018 se presentaron 210 denuncias por el delito de expedición y/o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes. De enero a septiembre de 2019 se han presentado 174 denuncias y se están preparando 130 adicionales.

TELÓN DE FONDO

“Si eres un buen contribuyente, no debes preocuparte”

A través de sus redes sociales, el SAT aclara a la ciudadanía que las reformas para combatir a las factureras están dirigidas al entramado de algunas empresas simulan operaciones para defraudar al fisco. “Si eres un buen contribuyente, no debes preocuparte”.

El procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, señaló: “Quítenle los efectos fiscales a los comprobantes que se expidieron en forma simulada, eso les va a quitar muchos problemas”.

Insistió en que la nueva reforma sólo va contra las redes de defraudación fiscal. En el caso de quienes se dediquen a la compra-venta de facturas falsas con valor superior a los 7.8 millones de pesos, dijo, se presumirá delincuencia organizada para realizar escuchas, trabajar con infiltrados, realizar cateos e imponer prisión preventiva para llegar a las cabezas de estas redes criminales y seguir la huella del dinero en efectivo.

El otro supuesto en el que se tendrá prisión preventiva oficiosa es con las empresas que utilizan documentos falsos para obtener devoluciones, que no tienen registros contables, que presentan pérdidas fiscales inexistentes, que defraudan por más de 7.8 millones y que tienen una facturación por más de 21 millones de pesos, entre otros.

Para combatir este problema, el órgano fiscalizador habilitó una aplicación en su portal para recibir denuncias sobre la compra-venta de facturas con operaciones simuladas.

Presentan 57 quejas diarias

Durante el año pasado, los contribuyentes presentaron 21 mil 075 quejas en contra del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon); es decir, un promedio de 57 quejas al día.

Las inconformidades están relacionadas a los procesos para la entrega de devoluciones de impuestos, tanto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) como del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Éstas mantuvieron al SAT en la primera posición de las autoridades con más señalamientos en  México.

Hasta septiembre pasado, la Delegación Jalisco de la Prodecon concentraba el mayor número de quejas en contra del SAT en el país, con mil 441.

En agosto pasado, la Prodecon firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, a través del cual se pretende implementar métodos ágiles de acreditación y devolución del IVA.

Uno de los principales objetivos es el combate a la facturación falsa. Para ello se propone establecer una retención de 10% para efectos del IVA en la prestación de servicios. “Se pretenden desalentar los esquemas de facturación por operaciones inexistentes, pues la citada retención, impactaría directamente en la forma en que operan las empresas que facturan operaciones simuladas”.

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