Candidatos priistas afrontarán multas en caso no retirar propaganda

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2012).- La publicidad electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se detecte en las calles para este miércoles, y que provoque multas por desatención a la fecha límite que dio el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), recaerá en los bolsillos del respectivo candidato que omitió este procedimiento.

Así lo consignó el representante del tricolor ante el árbitro electoral, Rafael Castellanos, quien dejó en claro que la dirigencia estatal de ese partido ha reiterado la instrucción de retirar la publicidad priista a todos los candidatos. “Les dejamos en claro que tanto hasta cuándo podían tener la propaganda (…) Se les dijo permanentemente; estamos detrás de ellos para preguntarles cómo van en esa labor”.

Pese a esta cercanía con los aspirantes a un puesto público (ganadores o no en la contienda), el Revolucionario Institucional desconoce si ya la totalidad de bardas han sido repintadas, o si los espectaculares fueron retirados; o bien, si no hay más lonas “adornando” las calles de la Entidad.

“Creemos que hoy debe estar retirado el 100%; ya nomás estamos verificando. Estamos haciendo el monitoreo y en la tarde los tendremos”.

Dicho monitoreo, aseguró, también incluirá la publicidad de otros partidos.

Y en atención a los lineamientos que hizo el IEPC para facilitar el reciclaje del material político que inundó al Estado en los últimos meses, el PRI también usó plástico biodegradable.

El costo por retirarlos, mencionó Castellanos, fue mínimo en lo que respecta a las bardas, toda vez que el acuerdo inicial incluyó la pinta y despinta de paredes.

“Vamos a cuidar que no nos multen, y para eso ya mandamos el oficio a los candidatos, con copia al IEPC, para que (estos últimos) se den cuenta que cumplimos en tiempo y forma; ellos (los candidatos) se harán cargo de la multa 30 mil pesos si no retiraron su publicidad. Con eso nos aseguramos que cumplan lo que deben cumplir”.

Concluyó en que la Ley Electoral prevé sanciones económicas que no precisamente cobra el árbitro electoral, sino que se convierten en un crédito fiscal que responsabiliza a la Secretaría de Finanzas de colectar los montos por omisión, por lo que “de que pagas, pagas”.


EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA